Derechos de la mujer en la Constitución de 2010

Perspectiva de Género

Desde siempre la mujer ha desempeñado aquel papel para el que estaba naturalmente destinada: el hogar, la maternidad, la familia; fruto de ese “proceso de socialización diferenciada”, que es el que moldea a la persona según unos patrones de conducta socialmente establecidos, se le asignó un rol marcadamente desigual ante el hombre.

Nuestro país dispone hoy de una nueva Constitución, contentiva de principios y normativas que definen una nueva República Dominicana, un Estado moderno, definiendo los derechos sociales, económicos, políti­cos y culturales, entre otros, donde se destaca de ma­nera clara y precisa la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Los adelantos en materia de equidad de género in­cluyen el hecho de que en la Carta Sustantiva se reco­noce de manera expresa la igualdad de derechos en­tre el hombre y la mujer (Artículo 39.4), se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e impone al Estado la obligación de promover las medidas que fueren necesarias para sancionar y erradicar las desigualdades y la violencia de género (Artículos 39.3, 39.4 y 42.2).

Otra conquista para la mujer es la prerrogativa que establece el equilibrio de género en la presentación de candidaturas y puestos de decisión en la Adminis­tración Pública, de justicia y en los órganos de control del Estado (Art. 39), así como la consecuente habilita­ción de mecanismos para lograr la igualdad.

También, los derechos de la mujer se ven protegi­dos en ciertos numerales del artículo 55 sobre los de­rechos de familia, especialmente el numeral 6, el cual indica que “La maternidad, sea cual fuere la condi­ción social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera de­recho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

Otra disposición de corte progresista es el numeral 11 del mismo artículo 55, que señala lo siguiente:

“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.

Sobre otros derechos relacionados con la participa­ción de la mujer en la vida política y pública queremos destacar el contenido del artículo 22 del texto sustan­tivo, sobre los derechos de la ciudadanía, el cual establece en su numeral 2 el derecho a “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”. Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de “ejercer el derecho de iniciativa popular, legisla­tiva y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. Por último, el derecho de “formular peticiones a los poder

es públicos para solicitar medidas de interés público y obtener res­puesta de las autoridades en el término estableci­do por las leyes que se dicten al respecto“. Con ello nos ponemos a tono, además, con la recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1997, que pone a cargo de los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Ahora bien, aunque los avances normativos son im­portantes, al profundizar en el análisis de su validez a la luz de sus objetivos y alcances, nos damos cuenta que aún quedan muchos obstáculos por salvar.

Se precisa de la construcción de un nuevo sistema de valores, actitudes y convicciones que conviertan en prácticas de vida la igualdad y la equidad entre mu­jeres y hombres como condición indispensable para construir una cultura de paz, libre de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

La educación para la igualdad de derechos y opor­tunidades en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios en los que interactuamos es la única vía segura para que podamos construir una Re­pública Dominicana cada vez más humana, justa y so­lidaria, donde mujeres y hombres avancemos juntos, de igual a igual.

En lo relativo a la participación política de mujeres y hombres también debe existir equilibrio. Una ver­dadera participación política con enfoque de género deberá garantizar tres elementos: inclusión, represen­tación y paridad.

El Tribunal Constitucional deberá garantizar proac­tivamente el empoderamiento de la mujer en un diálogo constructivo que permita canalizar institucio­nalmente las posibilidades que le reconoce la Consti­tución. Podemos asegurar que el TC ha asumido ese compromiso dispuesto a trabajar sin descanso para que la nueva Constitución se convierta en un verdade­ro instrumento de derechos, de manera que esos de­rechos se traduzcan en hechos reales que se expresen en la igualdad de derechos; que contribuya a lograr una mayor representación de las mujeres a todos los niveles de la sociedad, en el respeto de su vida, de su autonomía y su soberanía plena.

Revisión constitucional de sentencias de amparo

Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo

En nuestro país se ha diseñado un mecanismo de protección de los derechos fundamentales en el cual la acción de amparo se convierte en el medio procesal para la tutela de todos ellos, quedando los jueces del orden judicial encargados de conocer y decidir sobre las violaciones a los mismos, sin importar si provienen de la autoridad pública o de los particulares.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO?

La acción de amparo, contemplada en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 65 al 93 de la Ley núm. 137-11, ha sido instaurada en la Constitución dominicana como el proceso judicial que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de la persona -con excepción de los que protegen el hábeas corpus y la acción de hábeas data- ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCIONAR EN AMPARO?

Nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

¿ANTE CUÁLES CIRCUNSTANCIAS PODEMOS ACCIONAR EN AMPARO?

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo ha sido instaurado en los artículos del 94 al 111 de la Ley núm. 137-11 como el medio a través del cual se pueden impugnar las sentencias de amparo que hayan violado los derechos fundamentales de los accionantes.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo es un recurso extraordinario de impugnación, por medio del cual se somete a la consideración del Tribunal Constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal.

¿CUÁLES SENTENCIAS PUEDEN SER RECURRIDAS EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL?

La revisión de las sentencias de amparo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana está contenida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, el cual establece que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión en la forma y bajo las condiciones establecidas en dicha ley.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECURRIR EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El procedimiento para recurrir en revisión constitucional de sentencias de amparo está contenido en los artículos del 95 al 103 de la Ley núm. 137-11. Este se interpondrá mediante escrito depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en el cual se exponen las violaciones a los derechos fundamentales que han sido alegadas por la parte agraviada.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿En qué consiste la acción directa en inconstitucionalidad?

La acción directa en inconstitucionalidad, contenida en el artículo 185 numeral 1 de la Constitución y los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tiene como finalidad verificar que toda ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza se encuentre conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución dominicana vigente.

En tal virtud, el Tribunal Constitucional determina, a través del juicio de constitucionalidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone sobre ese particular.

¿Quiénes pueden accionar ante el tribunal constitucional?

En virtud del artículo 185 de la Constitución, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

¿Cuáles son los actos susceptibles de ser atacados en inconstitucionalidad?

Nuestra Carta Magna en el numeral 1 de su artículo 185 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 establecen que pueden ser atacados en incons­titucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el ordenamiento constitucional.

¿Cuál es el procedimiento para accionar en inconstitucionalidad?

El procedimiento para incoar una acción directa en inconstitucionalidad está contenido en los artículos 38 al 50 de la Ley No. 137-11.

Esta se interpone mediante un escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, en el cual se exponen los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas.

Luego se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones.

¿Cuál es el fin de una sentencia de acción en inconstitucionalidad?

Las sentencias que declaren la inconstitucionali­dad generan la anulación de la norma o los actos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico.

Las decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Los derechos fundamentales están reconocidos en las constituciones políticas de los Estados. Los derechos humanos consignados, solo están en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

¿Para qué sirven los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales sirven para poner límites al poder. En otras palabras, la finalidad de estos derechos es impedir los abusos del poder por parte de los titulares de las funciones estatales y particulares.

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.